El escenario B2B es en cambio el que ofrece unas mayores expectativas de negocio: según un informe de la OCDE sobre impacto social y económico del comercio electrónico, se estima que su volumen superará los 300.000 millones de dólares para los años 2001-2002, y de ese total el comercio B2B representa en torno al 80%. Si consideramos que dichas estimaciones fueron realizadas por diferentes consultoras entre finales de 1998 y principios de 1999, en la actualidad se ha producido una revisión al alza, estableciéndose unas cantidades que oscilarían entre los 1,5 y 3 billones de dólares para el mismo periodo. De hecho las actividades de comercio electrónico entre empresas no son nuevas, ya que el Intercambio Electrónico de Documentos o EDI se viene utilizando desde hace más de diez años, pero su coste de implantación y el que esté supeditado a redes VAN (redes de valor añadido) y no a redes abiertas como internet ha limitado su uso a cierto número de empresas.

La última de las interrelaciones del comercio electrónico es la B2A, la que implica a las administraciones públicas. En esencia, su rol debe ser el de actuar como agente regulador y promotor del comercio electrónico, además de incorporar las tecnologías surgidas en torno a él como un elemento más de servicio al ciudadano, asumiendo también el comportamiento de consumidores en las adquisiciones y contrataciones públicas.

Para la puesta en práctica de soluciones de comercio electrónico se debe, en primer lugar, identificar los componentes necesarios, así como los estándares propuestos por organismos y consorcios industriales. El primer componente que ha de tenerse en cuenta es el de la seguridad, sobre todo porque es una de las mayores carencias que tiene una red como internet. Cuando hablamos de seguridad siempre debemos tener en cuenta los cuatro pilares de la seguridad en redes: la confidencialidad, la integridad, la autentificación y el no repudio. Para cubrir esta necesidad de seguridad se requiere la utilización de técnicas criptográficas que combinen el cifrado simétrico, el asimétrico y la firma digital, todos ellos integrados en una infraestructura de clave pública (PKI). Para mayor información sobre estos temas se pueden consultar los artículos sobre seguridad publicados en el octavo y noveno número de RULL.

El otro componente esencial para el comercio electrónico son los mecanismos de pago, que en este momento carecen del grado de interoperabilidad necesario. En la actualidad destaca el uso de soluciones no estandarizadas basadas en el protocolo SSL (Secure Socket Layer, el más utilizado para comunicaciones seguras a través de internet) denominadas TPVs (Terminales Punto de Venta Virtuales), y suponen la mayor parte de los pagos que se realizan a través de internet. Por su parte, las entidades VISA y Master Card con el apoyo de empresas como IBM, Microsoft y Netscape han desarrollado el protocolo SET (Secure Electronic Transaction) para facilitar las transacciones seguras, y que no ha tenido el éxito esperado dado las dificultades técnicas para su implantación. También el consorcio W3C, que es el que establece los estándares dentro de la web, junto con la asociación CommerceNet han lanzado la iniciativa JEPI (Joint Electronic Payment Initiative) para permitir negociar entre el comprador y vendedor el método de pago para una transacción determinada.

Los mecanismos anteriores son aceptables cuando el pago se realiza por medio de una tarjeta de crédito, pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas es más frecuente el uso de cheques y órdenes de pago, y en este sentido destaca la iniciativa del Financial Service Technology Consortium, consorcio formado fundamentalmente por entidades bancarias y que ha lanzado la propuesta de cheque electrónico eCheck. Por su parte, el dinero electrónico, cuya implementación más conocida son las tarjetas monedero, tendría su aplicación más directa en la adquisición de productos y servicios de muy bajo coste, como el acceso a la prensa digital, fotografías, vídeos, música, etc.

Aparte de componentes como la seguridad y los medios de pago, el comercio electrónico necesita de unas arquitecturas bien definidas que permitan integrar las diferentes soluciones. Entre otros cabe destacar el proyecto eCo del consorcio CommerceNet, que propone un conjunto de estándares para documentos comerciales como las ofertas de precios, facturas, pedidos, etc., y de los procedimientos asociados a cada uno de ellos, y que están basados en la utilización del lenguaje XML (una extensión del lenguaje HTML utilizado en las páginas web). Otras iniciativas interesantes son Open Buying on the Internet (OBI), que también se encuentra gestionada por CommerceNet; Building Blocks for Electronic Commerce, que es el resultado de un proyecto patrocinado por la Comisión Europea; y la arquitectura Semper (Secure Electronic Market Place for Europe).

No cabe duda de que internet tiene un potencial enorme para el comercio mundial, pero hay que detenerse a considerar que, si bien se han amasado enormes fortunas en torno a ella, no es menos cierto que también se han producido ya sonados fracasos. En la adopción de una estrategia de cualquier empresa en la red hay que tener en cuenta los múltiples factores aplicables a cualquier tipo de inversión, pero en muchas ocasiones se pierde perspectiva al querer subirse cuanto antes al carro tecnológico. Desde el punto de vista del consumidor es recomendable la máxima prudencia en la adquisición de productos y servicios, sobre todo porque el uso de la red ha llevado en algunas ocasiones a actitudes compulsivas que hacen ignorar los riesgos que internet puede plantear (ya se han vendido terrenos en el planeta Marte).

Otros factores importantes son los ahorros que para el comerciante supone la venta por internet: las infraestructuras necesarias son mínimas, se reduce el número de intermediarios, las necesidades de recursos humanos son menores y el número de clientes potenciales es enorme; por tanto, los consumidores han de exigir que el precio de los artículos adquiridos a través de la red sea sensiblemente inferior al del comercio tradicional. Un ejemplo de ello son los servicios de la banca electrónica, ya que mantienen las mismas comisiones en las operaciones tradicionales aunque no se esté haciendo uso del soporte personalizado de una oficina bancaria.

Otro de los problemas que plantea el comercio electrónico es la falta de una base jurídica que estimule la confianza entre los consumidores y las pequeñas y medianas empresas. Para paliar esta situación, la Unión Europea ha elaborado una directiva comunitaria que ha sido aprobada en fechas recientes por el Parlamento Europeo, con la intención de que se integre en las legislaciones de los países miembros antes de finales del 2001. La idea es mejorar la competitividad del comercio electrónico europeo con respecto a los Estados Unidos, además de igualar los niveles de protección que tiene el consumidor en el comercio tradicional con respecto al nuevo entorno electrónico. Ahí es donde las asociaciones de consumidores europeas han planteado sus reservas, al considerar que los mecanismos que dicha directiva establece no son suficientes para regularizar la situación actual, y que debe haber un mayor grado de exigencia en el nuevo mercado.